Este movimiento es un intento directo de fortalecer la capacidad del Estado para combatir flujos financieros ilícitos, pero podría generar un debate sobre el equilibrio de poderes y las garantías del debido proceso. Por otro lado, la reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial busca simplificar el registro de patentes y alinear a México con prácticas internacionales para demostrar que es un “socio comercial confiable”. La iniciativa reconoce que México está rezagado en patentes nacionales (solo un 5%) en comparación con sus socios del T-MEC, y busca atender las debilidades identificadas por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) en la protección de marcas, especialmente en el comercio electrónico.