Se les acusa de permitir la descarga de buques con combustible ilegal, simulando que eran lubricantes para evadir impuestos, generando un quebranto al erario estimado en 177 mil millones de pesos anuales. El caso ha derivado en la detención de 14 personas, incluyendo marinos y empresarios, y está rodeado de muertes sospechosas de personal naval involucrado. La investigación también ha revelado que el dinero del huachicol fiscal presuntamente se utilizó para financiar campañas de Morena. Un testigo protegido afirmó que un hijo del expresidente López Obrador protegía la red, mientras que la casa de bolsa Vector, de Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de la Presidencia, es investigada por presunto lavado de dinero para esta red. Este escándalo pone de manifiesto los riesgos de la militarización de las aduanas, una decisión tomada por el expresidente López Obrador para combatir la corrupción, pero que, según las acusaciones, terminó por institucionalizarla dentro de las propias Fuerzas Armadas.