En Jalisco, se designó a dos juezas, Eluizai Rafael Aguilar y Madián Sinaí Menchaca, con vínculos directos con la cúpula de la organización religiosa La Luz del Mundo, cuyo líder enfrenta procesos por delitos graves en Estados Unidos.

Organizaciones civiles han advertido sobre el riesgo de que desde sus cargos favorezcan intereses de la iglesia. La reforma, vendida como un ejercicio democrático, ha sido criticada por la oposición y analistas como una “operación de Estado” para someter al Poder Judicial al Ejecutivo, utilizando “acordeones” y recursos públicos para asegurar la elección de perfiles leales. El inicio de esta nueva etapa judicial se percibe como un retroceso democrático que amenaza la división de poderes en el país.