En contraste, los programas sociales recibirán un billón 128 mil millones de pesos, equivalentes al 3% del PIB.

El paquete también propone un aumento significativo del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a refrescos y cigarros, y por primera vez a videojuegos violentos.

Mientras organizaciones civiles aplauden la medida por sus beneficios a la salud pública, diputadas panistas como Angélica Granados critican que afecta la economía de los grupos más vulnerables.

Otro punto polémico es el aumento del 17% al presupuesto del Poder Judicial, a pesar del discurso de austeridad, y un recorte al INE.

Este paquete económico no solo define la política fiscal, sino que también establece las líneas de la disputa por el poder y la visión de país entre Morena y la oposición.