La iniciativa propone que la suspensión provisional no proceda en casos de presunto lavado de dinero y que la suspensión definitiva solo se conceda si se acredita la licitud de los recursos. Según datos del Ejecutivo, entre 2018 y 2025, suspensiones de amparo permitieron el desbloqueo de cuentas por hasta 59 mil millones de pesos. La reforma también busca modernizar el sistema mediante la implementación del “juicio de amparo digital” para agilizar los procesos. Sin embargo, la oposición ha reaccionado con escepticismo, advirtiendo que la iniciativa podría debilitar un mecanismo fundamental de defensa ciudadana. Senadoras del PRI y Movimiento Ciudadano han señalado que la reforma es “pro autoridad”, limita el acceso a la justicia y reduce las herramientas de defensa del ciudadano frente a posibles abusos del poder, especialmente en materia fiscal. Consideran que, bajo el pretexto de la eficiencia, se está fortaleciendo al Ejecutivo en detrimento de los contrapesos y los derechos de los justiciables.