La respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido cautelosa, indicando que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tuvo conocimiento previo del caso pero consideró que las pruebas presentadas por Estados Unidos eran insuficientes para congelar cuentas desde México. Sheinbaum ha exigido que se presenten “pruebas suficientes” para que la Fiscalía General de la República inicie una investigación formal. Por su parte, la diputada Brown ha negado las acusaciones, calificándolas de “infamia” y un intento por desacreditarla. A pesar de su negativa, la UIF procedió con un “bloqueo administrativo” de las cuentas de los 22 objetivos señalados por Estados Unidos, incluida la legisladora, en el marco de los mecanismos de cooperación internacional.