El gobierno de Sheinbaum impulsa una polémica reforma a la Ley de Amparo

La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha enviado al Senado una iniciativa para reformar la Ley de Amparo, generando un intenso debate sobre el equilibrio de poder y la protección de los derechos ciudadanos frente a la autoridad. Esta propuesta representa un cambio fundamental en el panorama jurídico y político, al modificar uno de los instrumentos de defensa más importantes para los mexicanos. Desde el gobierno, figuras como Arturo Zaldívar y Ernestina Godoy han defendido la reforma, argumentando que no es regresiva, sino que busca agilizar los procesos judiciales, modernizar el sistema y, crucialmente, limitar los abusos del amparo, especialmente en casos de evasión fiscal y lavado de dinero. Zaldívar aseguró que la reforma “no afectará la defensa de los ciudadanos sino que es para no permitir abusos”. Godoy, por su parte, sostuvo que la reforma “no debilita el amparo, lo fortalece, lo mantiene como un escudo de la ciudadanía, pero ya no como un refugio para quienes buscan evitar la justicia”. En contraste, la oposición y expertos como el ministro en retiro Javier Laynez Potisek han expresado una “seria preocupación”, advirtiendo que la iniciativa está “pensada en las autoridades y no en las personas”. Críticos señalan que la reforma podría debilitar el acceso a la justicia al redefinir de manera restrictiva el “interés legítimo” y limitar los efectos generales de las suspensiones, lo que obligaría a cada ciudadano a litigar individualmente. La controversia ha llegado incluso a las filas de Morena, donde el senador y presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, ha insistido en la necesidad de un parlamento abierto para discutir la iniciativa, una postura que choca con la del coordinador de la bancada, Adán Augusto López, quien ha descartado este ejercicio para acelerar su aprobación.

En resumen

La propuesta de reforma a la Ley de Amparo se ha convertido en un punto de inflexión que enfrenta la visión gubernamental de eficiencia y combate al abuso contra las advertencias de un posible retroceso en los derechos ciudadanos, evidenciando una tensión sobre el papel del Poder Judicial como contrapeso al poder ejecutivo.

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