Los recursos legales, presentados en juzgados de Zacatecas, Tabasco y Ciudad de México, buscaban proteger a los hermanos López Beltrán y a otras 14 personas vinculadas a la investigación de huachicol fiscal contra posibles órdenes de aprehensión. Sin embargo, la controversia estalló cuando Andrés López Beltrán negó categóricamente haber solicitado dichos amparos, afirmando en un comunicado que se trata de “una operación malintencionada planeada y orquestada desde varios frentes” por “el hampa del periodismo”. La situación se complicó aún más cuando el abogado cuyo nombre fue utilizado en los trámites, Juan Francisco Rodríguez Smith Mac Donald, denunció públicamente una usurpación de identidad y negó cualquier relación con la familia López Beltrán.

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó firmemente esta versión, calificando el hecho como “demasiado burdo” y parte de una campaña para dañar a su movimiento y al expresidente.

“¿Cómo es posible que a los hijos del presidente López Obrador alguien a su nombre ponga amparos en distintos lugares del país?

Evidentemente la calumnia, desacreditar”, cuestionó Sheinbaum, exigiendo una investigación para determinar quién está detrás de la maniobra.