Sin embargo, la propuesta carecía de un marco legal sólido y fue recibida con escepticismo en otras áreas del gobierno estadounidense. Funcionarios del Pentágono y la Casa Blanca señalaron que no existía una autorización del Congreso para el uso de la fuerza militar contra cárteles en México y advirtieron sobre el riesgo de que ciudadanos estadounidenses resultaran muertos en el proceso. La discusión refleja un debate interno en Washington, donde algunos republicanos en el Congreso analizan legislación para autorizar explícitamente al presidente a atacar a los cárteles.

Desde México, la respuesta del gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido consistente en “instar a Estados Unidos a colaborar con su gobierno y respetar su soberanía”.