La revelación ha forzado una respuesta institucional sin precedentes.

El actual secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, reconoció públicamente la corrupción durante el desfile del 16 de septiembre, afirmando que fue “muy duro aceptarlo, pero hubiera sido imperdonable callarlo” y que la propia institución dio el “golpe de timón”. A pesar de la gravedad del caso, la presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido la permanencia de las Fuerzas Armadas en el control de puertos y aduanas, argumentando que su presencia ha incrementado la recaudación fiscal en cientos de miles de millones de pesos. Sheinbaum sostiene que “no se puede juzgar a una institución por el caso de elementos que cayeron en corrupción”, y que fue la misma Marina la que presentó la denuncia. El escándalo no solo cuestiona la integridad de una de las instituciones más respetadas del país, sino que también alimenta el debate sobre los riesgos de la creciente militarización de funciones civiles, una política insignia de la 4T.