La diputada González Alonso argumenta que este requisito revictimiza a las adolescentes, obligándolas a iniciar un proceso penal contra su agresor, de quien a menudo dependen económica o emocionalmente.

La reforma propone modificar el artículo 262 y derogar el 263 del Código Penal Federal, permitiendo que el Ministerio Público actúe de inmediato al tener conocimiento del delito. Además, la iniciativa contempla agravantes específicas, como una diferencia de edad mayor a cinco años entre el agresor y la víctima, el uso de dinero o favores para obtener el consentimiento, o si la víctima se encuentra en una situación de vulnerabilidad. La legisladora señaló que en 2023 se iniciaron más de 89 mil carpetas de investigación por delitos contra la libertad y la seguridad sexual, lo que refleja la magnitud del problema. La propuesta busca alinear la legislación mexicana con los estándares constitucionales e internacionales que obligan al Estado a proteger de forma prioritaria a niñas y adolescentes.