Sin embargo, la oposición y analistas alertan sobre puntos críticos.

El exministro Javier Laynez Potisek advirtió que la reforma pone “en el centro a las autoridades y no a los ciudadanos”. Las principales preocupaciones se centran en la redefinición del “interés legítimo”, que podría dificultar que colectivos defiendan derechos difusos como el medio ambiente; la limitación a la “suspensión del acto reclamado”, que impediría frenar actos de autoridad de forma inmediata; y la posibilidad de que el gobierno argumente “imposibilidad material o jurídica” para incumplir sentencias. La controversia ha generado incluso divisiones en Morena. Mientras Adán Augusto López, líder del Senado, impulsa una aprobación rápida sin parlamento abierto, el senador de su mismo partido y presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, ha insistido en la necesidad de realizar consultas con expertos. La organización Amnistía Internacional también expresó su preocupación, señalando que la reforma significaría un retroceso en materia de derechos humanos.