El nombramiento de Vidulfo Rosales Sierra, exabogado de las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa, como secretario de estudio y cuenta en la ponencia del nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, representa un movimiento significativo. Este cambio vincula uno de los casos de derechos humanos más emblemáticos de México con la nueva cúpula del Poder Judicial. Rosales Sierra, quien durante casi una década fue la voz legal y el rostro público de los padres de los estudiantes desaparecidos, se incorpora formalmente al máximo tribunal del país con un sueldo neto mensual de aproximadamente 118 mil pesos. Su designación se oficializó un mes después de que anunciara su renuncia a la representación del caso Ayotzinapa y a su labor en el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, citando “cuestiones personales y de salud”.
Ya en ese momento circulaban versiones sobre su posible incorporación al equipo del ministro Aguilar Ortiz, con quien Rosales admitió mantener un “diálogo respetuoso”.
Su llegada a una posición clave dentro de la ponencia del ministro presidente es interpretada como una señal potente del nuevo liderazgo judicial. La trayectoria de Rosales como defensor de pueblos indígenas, víctimas de tortura y su papel central en el caso Iguala, le confiere un perfil único dentro de la estructura de la Corte, generando expectativas sobre un posible reenfoque en temas de derechos humanos y justicia social desde el más alto tribunal del país.
En resumenLa incorporación de Vidulfo Rosales a la Suprema Corte es un cambio de poder simbólico y sustancial. Este movimiento alinea a una figura clave de la defensa de los derechos humanos con el nuevo liderazgo judicial, generando expectativas sobre el futuro enfoque de la Corte en casos de alto impacto social.