Una solicitud de juicio político en su contra, sumada a una rebelión interna en su bancada, ha puesto en jaque su liderazgo y su futuro en el escenario nacional. La diputada suplente del PAN, María Elena Pérez Jaén, presentó formalmente una solicitud de juicio político para el desafuero de López Hernández, acusándolo de presuntos nexos con Hernán Bermúdez Requena, su exsecretario de Seguridad en Tabasco y presunto líder del grupo criminal ‘La Barredora’. La demanda, que busca su destitución e inhabilitación por hasta 20 años, se fundamenta en informes de inteligencia militar y alega delitos como tráfico de influencias y encubrimiento, sosteniendo que López Hernández “tenía conocimiento de las actividades ilícitas” de su subordinado. Paralelamente, el poder del senador se ha visto mermado desde dentro de su propio partido. Trece senadores de Morena le exigieron rendir cuentas sobre el manejo de más de 338 millones de pesos en subvenciones y se opusieron a su intento de “imponer a un presidente en la Comisión de Energía”, forzándolo a someter estas decisiones a votación.

Aunque figuras como Ignacio Mier lo defienden, atribuyendo los señalamientos a una “campaña”, la presión aumenta.

El gobernador de Tabasco, Javier May, ha asegurado que “no habrá impunidad, encubrimiento o pacto alguno”. La presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido una postura cautelosa, indicando que la FGR determinará si es necesario citarlo, pero que “no hay nada que lo incrimine en este momento”.