Sin embargo, la oposición ha expresado serias preocupaciones.

El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, advirtió que el proyecto “esconde una manzana envenenada” al limitar la suspensión del acto reclamado en áreas estratégicas para el gobierno, como la fiscal y financiera, dejando a los ciudadanos desamparados.

Especialistas como José Carlos Rojano Esquivel la califican de “regresiva y retrógrada”, argumentando que se transita de una regla “pro persona a una pro autoridad”. Uno de los puntos más polémicos es la propuesta de que las suspensiones no podrán tener efectos generales, lo que, según críticos, obligaría a cada ciudadano a tramitar su propio amparo, beneficiando solo a quienes puedan costearlo.

El debate se centra en si la reforma moderniza la justicia o si representa un paso hacia un régimen más autoritario.