La modificación más importante, según la presidenta, será prohibir la transferencia de concesiones de agua entre particulares.

“Agua que no se usa, agua que regresa al Estado mexicano”, sentenció Sheinbaum, explicando que el objetivo es que sea el Estado quien regule y reasigne los títulos, acabando con la especulación. La auditoría de Conagua, que revisó el 90% de los 536 mil títulos existentes, reveló anomalías graves, como concesiones con coordenadas de ubicación en Tailandia, permisos de uso agrícola utilizados para clubes de golf y balnearios, y la operación de pozos clandestinos para la venta de agua en pipas a precios de hasta 3,000 pesos. La reforma también contempla endurecer las sanciones por delitos hídricos, proponiendo multas de hasta 50,000 UMAS y la aplicación de la extinción de dominio en casos graves. Como resultado del ordenamiento, Conagua informó que ya se han recuperado 4,475 millones de metros cúbicos de agua y la recaudación ha aumentado en 2,938 millones de pesos.