Estas revelaciones ponen a prueba el discurso anticorrupción del oficialismo y generan tensiones en la cúpula del poder.

Una investigación periodística reveló que López Hernández habría recibido 79 millones de pesos entre 2023 y 2024 de empresas privadas, algunas de ellas contratistas de su gobierno en Tabasco y una señalada por el SAT como “fantasma”, sin reportarlos en sus declaraciones patrimoniales. Ante los señalamientos, el senador se defendió argumentando que los recursos provienen de “servicios profesionales”, herencias familiares y actividades empresariales lícitas, y calificó las acusaciones como un “ataque de la derecha conservadora”. La presidenta Claudia Sheinbaum se limitó a declarar: “Que aclare, que aclare el senador”.

La polémica se intensifica por la detención de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de López en Tabasco y presunto líder del grupo criminal “La Barredora”.

El senador ha defendido su nombramiento, afirmando que “dio resultados” y que no tenía indicios de sus actividades ilícitas.

“Si después Bermúdez vino a descomponerse, pues ya no fue parte de mi responsabilidad”, manifestó.

La oposición, a través del dirigente del PRI, Alejandro Moreno, ha calificado al senador de “corrupto, hipócrita y una vergüenza para México”, y ha presentado solicitudes de juicio político. Ricardo Monreal, líder de los diputados de Morena, expresó su solidaridad con López, pidiendo no caer en la “infamia”.