A cinco años de una sentencia clave del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la mayoría de los congresos estatales ha incumplido con la orden de regular la paridad de género en la elección de gubernaturas, evidenciando una resistencia política a garantizar la alternancia. De cara a los comicios de 2027, donde 17 entidades renovarán su Ejecutivo, la falta de legislación amenaza con perpetuar la desigualdad en los más altos cargos de poder local. En diciembre de 2020, el TEPJF vinculó a los 32 congresos locales a legislar la paridad en gubernaturas antes del siguiente proceso electoral.
Sin embargo, a la fecha, solo seis estados han cumplido con esta obligación.
De las 17 entidades que tendrán elecciones en 2027, únicamente Querétaro ha modificado su legislación, aunque posponiendo la alternancia efectiva hasta después de 2030. En otros estados como Nuevo León, las propuestas en discusión son consideradas un retroceso, ya que dejan en manos de los partidos la decisión de postular a un hombre o una mujer, en lugar de establecer una regla clara de alternancia. La presidenta del Instituto Estatal Electoral de Nuevo León (IEE), Beatriz Adriana Camacho, ha urgido al congreso local a actuar, recordando que el estado tiene una “deuda histórica” con las mujeres en la participación política. La falta de acción legislativa obliga al Instituto Nacional Electoral (INE) a emitir lineamientos temporales para obligar a los partidos a postular un número equitativo de mujeres, pero esta medida no sustituye la necesidad de una ley estatal permanente.
En resumenLa omisión de la mayoría de los congresos estatales para legislar la paridad en gubernaturas refleja una brecha significativa entre las sentencias judiciales y la voluntad política. Este incumplimiento no solo retrasa la igualdad sustantiva en la política mexicana, sino que también perpetúa un sistema donde la participación de las mujeres en los cargos de mayor poder depende de cuotas temporales y no de un marco legal sólido y permanente.