El gobierno de México ha concretado un acuerdo histórico con Estados Unidos para combatir el tráfico de armas, marcando un cambio significativo en la cooperación bilateral. Esta iniciativa, denominada “Misión Cortafuegos”, enfoca los esfuerzos en frenar el flujo de armamento desde territorio estadounidense, un tema que se ha vuelto prioritario en la agenda de seguridad. La presidenta Claudia Sheinbaum calificó el pacto como “muy importante” e “histórico”, subrayando que por primera vez el tema central de la discusión con Washington no fueron las drogas ni la migración, sino el armamento que alimenta la violencia en México. Este cambio de paradigma implica un reconocimiento de la corresponsabilidad por parte de Estados Unidos, que se compromete a realizar operativos en su propio territorio. En palabras de la mandataria, “por primera vez, Estados Unidos reconoce que tiene que hacer operativos para controlar las armas o el tráfico ilegal de armas hacia México”. El acuerdo surge tras la primera reunión del Grupo de Implementación de Seguridad México-EE.
UU. y busca superar fracasos pasados como el operativo “Rápido y Furioso”.
La cooperación se materializará con el uso extendido de la plataforma eTrace y tecnología de imágenes balísticas en las 32 entidades federativas de México, permitiendo la trazabilidad de las armas no solo hasta el fabricante, sino hasta las armerías que las comercializan. Se estima que el 75% de las armas incautadas en México provienen de Estados Unidos, una cifra reconocida por el Departamento de Justicia estadounidense. El embajador de EE.
UU. en México, Ronald Johnson, calificó la iniciativa como una “cooperación histórica” que marcará “un antes y un después”.
La presidenta Sheinbaum insistió en que esta colaboración se da sin ceder soberanía: “Nos coordinamos, colaboramos, pero nunca nos subordinamos”.
En resumenEl acuerdo “Misión Cortafuegos” representa un giro fundamental en la política de seguridad bilateral, donde Estados Unidos asume un rol activo para controlar el flujo de armas hacia México. Esta nueva etapa de cooperación, centrada en la corresponsabilidad y la tecnología de rastreo, busca atacar una de las raíces de la violencia del crimen organizado en el país, manteniendo el respeto a la soberanía nacional.