Estos escándalos han generado una crisis política que pone a prueba la cohesión interna del partido gobernante y la narrativa anticorrupción de la Cuarta Transformación. La controversia se centra en dos frentes: su relación con Hernán Bermúdez Requena, alias “Comandante H”, a quien nombró secretario de Seguridad en Tabasco y que ha sido señalado como presunto líder del grupo criminal “La Barredora”; y la revelación de que recibió ingresos por 79 millones de pesos entre 2023 y 2024 que no figuran en sus declaraciones patrimoniales. Ante las revelaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido una postura distante pero directa, instando a que “aclare el senador”.

En su defensa, López Hernández ha atribuido sus ingresos a su trabajo como “el notario público de mayor éxito en la historia de Tabasco”, así como a la venta de ganado, arrendamientos y herencias. Sin embargo, los cuestionamientos han escalado al interior de su propia bancada, donde un grupo de 15 senadores morenistas le exigió pedir licencia para enfrentar las acusaciones sin fuero. El senador ha calificado las acusaciones como una campaña de desprestigio y ha respondido con un tono desafiante, advirtiendo que “a todo santo le llega su capillita”, sugiriendo que conoce el origen de los ataques y que podría tratarse de “fuego amigo”. Su permanencia como coordinador parlamentario se ha vuelto cada vez más insostenible, erosionando su capital político y generando una percepción de impunidad que contradice el discurso oficial.