Entre los implicados se encuentran el Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el Contralmirante Fernando Farías Laguna.

El modus operandi consistía en introducir millones de litros de combustible al país declarándolo como otros productos, como aceites o aditivos, para evitar el pago de impuestos. Como respuesta a este y otros delitos transfronterizos, los gabinetes de seguridad de México y EE. UU. anunciaron la creación de un grupo de trabajo bilateral para combatir el robo de combustible y las finanzas ilícitas, así como para mejorar el intercambio de información aduanera.