Tras un extenso interrogatorio, fue devuelto a México con su visa cancelada y sus equipos de telefonía confiscados.

Aunque su oficina inicialmente negó una “detención”, reportes posteriores confirmaron la retención y la revocación del documento.

Versiones extraoficiales señalan que el interrogatorio se centró en presuntos vínculos con actividades de “huachicol”.

Este hecho no es aislado.

Se suma a la sanción impuesta por el Departamento del Tesoro de EE. UU. a la diputada de Morena, Hilda Araceli Brown Figueredo, por supuestos nexos con el Cártel de Sinaloa. Estas acciones directas contra individuos de la coalición gobernante marcan un cambio en la estrategia estadounidense, que parece moverse más allá de los canales diplomáticos tradicionales para ejercer una presión más personalizada y visible sobre el poder político en México.