En un movimiento que redefine los contrapesos institucionales en México, los organismos autónomos de transparencia están siendo eliminados, como es el caso del INFOEM en el Estado de México. Esta reestructuración, que transfiere sus funciones a entidades dependientes del poder ejecutivo, ha generado una fuerte preocupación entre especialistas sobre el futuro del derecho a la información y la rendición de cuentas en el país. La reforma en el Estado de México, impulsada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, contempla la extinción del INFOEM en septiembre, y sus facultades serán absorbidas por el Comité Coordinador del Sistema Anticorrrupción estatal y otros órganos de control interno. El argumento oficial se centra en la optimización de recursos, con un ahorro estimado de 188 millones de pesos.
Sin embargo, críticos y especialistas en transparencia advierten que esta medida representa un retroceso.
Durante un foro, la comisionada del Infoem, Guadalupe Ramírez Peña, subrayó que aunque las instituciones desaparezcan, los derechos permanecen, afirmando que “los organismos pueden desaparecer, pero los derechos no.
La transparencia sigue siendo un instrumento vital para fortalecer la democracia”.
Este cambio se alinea con una tendencia nacional que ha puesto en la mira al Instituto Nacional de Transparencia (INAI) y que busca centralizar funciones previamente autónomas. En la Ciudad de México se está diseñando un modelo similar, el Instituto de Transparencia para el Pueblo, que estará sectorizado a la Contraloría General, aunque se promete que mantendrá autonomía presupuestal y de gestión.
En resumenLa eliminación de organismos autónomos de transparencia, como el INFOEM, marca una centralización del poder que debilita los contrapesos institucionales. Aunque se argumenta eficiencia presupuestaria, la medida genera serias dudas sobre la capacidad de la ciudadanía para ejercer su derecho a la información y vigilar al poder sin la intermediación de un árbitro independiente.