Estas conductas, heredadas del viejo caciquismo, concentran el poder, marginan a la ciudadanía y representan un obstáculo para el federalismo democrático que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum. Un análisis describe a estos mandatarios locales como administradores de “feudos personales”, donde la rendición de cuentas es una asignatura pendiente, el uso de recursos públicos es discrecional y la obra pública se convierte en “botín político”. El nepotismo es otra práctica recurrente, donde familiares y amigos ocupan cargos clave, consolidando redes clientelares que impiden la profesionalización de las administraciones. Un caso que ilustra esta problemática se dio en Tulancingo, Hidalgo, donde la alcaldesa morenista Lorena García Cázares reconoció que la contratación de Dereck Atrellou Olvera como director de Prevención del Delito, junto a sus padres en otros cargos, fue un “pago político” por el apoyo recibido en su campaña. Como respuesta a estas prácticas, en estados como Hidalgo se ha aprobado una reforma constitucional para prohibir la reelección inmediata y el nepotismo en cargos municipales y legislativos, aunque su aplicación será hasta 2030.

Esta tensión entre las prácticas autoritarias locales y las reformas que buscan acotarlas evidencia una lucha de poder clave en el México contemporáneo.