Un total de 16 exmagistrados y exjueces han recurrido al amparo para exigir el pago de su liquidación conforme a la ley, incluyendo el pago de 20 días por año trabajado, tras ser separados de sus cargos. El exmagistrado Jorge Ramírez señaló que los dejaron desprotegidos, sin servicio médico e impedidos de ejercer su profesión.

La respuesta del gobierno estatal, a través del presidente del Congreso, fue que no existen fondos adicionales para cubrir estas pensiones compensatorias, ya que los recursos provienen del presupuesto ordinario ya asignado al Poder Judicial. En Morelos, la conformación del nuevo Órgano de Administración Judicial también ha generado polémica.

El Pleno del Tribunal Superior de Justicia designó a dos mujeres como sus representantes, mientras que el Congreso nombró a perfiles considerados afines al poder legislativo, como Humberto Paladino Valdovinos, suegro de un diputado panista, y Miguel Enrique Lucía, asesor de un legislador morenista. El Colegio de Abogados advirtió que estas designaciones refuerzan el control del Congreso sobre el Poder Judicial. Mientras tanto, en Michoacán, el Tribunal Electoral del Estado (Teemich) se prepara para un relevo en su presidencia en medio de un año complejo, tras haber gestionado procesos electorales ordinarios, extraordinarios y la inédita elección judicial.