La controversia ha escalado, generando exigencias de transparencia por parte de la oposición y poniendo a prueba la postura anticorrupción del gobierno actual. La polémica se desató tras revelarse que el senador admitió ingresos por 79 millones de pesos entre 2023 y 2024, pero sus declaraciones sobre los impuestos pagados han sido inconsistentes. Inicialmente, se publicó que habría pagado solo un 2.4% de ISR, cifra que luego corrigió a 22.8 millones de pesos, un monto que, según el diputado del PAN Héctor Saúl Téllez, no corresponde a la tasa del 35% de ISR, sino a un 29.3%. Ante las discrepancias, Téllez exigió un desglose completo, afirmando: "¿Cómo creerle con tanta discrepancia de información y argumentos?

Necesitamos saber con precisión cada una de sus deducciones". El senador López Hernández ha intentado aclarar la situación, explicando que la mayoría de sus ingresos provienen ahora de la ganadería para "evitar la posibilidad de un conflicto de interés", y que ha dejado de lado sus asesorías legales. Sin embargo, no ha presentado documentación oficial que respalde sus cifras.

El escándalo se agrava por sus presuntos vínculos con Hernán Bermúdez Requena, su exsecretario de seguridad en Tabasco y presunto líder del grupo criminal "La Barredora". Este contexto dio más peso a las declaraciones de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien durante su comparecencia en el Senado advirtió que "si alguien cruza la línea del cumplimiento de la ley asumirá las consecuencias, trátese de quien se trate".

La presidenta Claudia Sheinbaum también ha intervenido, pidiendo al senador que aclare su situación y defendiéndolo al solicitar pruebas concretas en su contra. La oposición, por su parte, ha aprovechado la situación para cuestionar la coherencia del discurso anticorrupción de la 4T.