Esta medida ha avivado el debate sobre el uso de la Ley de Amparo. En respuesta al escándalo, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó contundentemente en el Senado que la investigación "no se ha acabado y hay bastantes personas que van a ser procesadas de manera inmediata". Aseguró que el gobierno no tiene "compromisos mafiosos ni pactos con criminales" y que no se permitirá la impunidad.

El caso ha sido calificado por el senador del PAN, Ricardo Anaya, como "el robo del siglo", estimando un daño al erario de 177 mil millones de pesos en un año, equivalente a "25 veces la Estafa Maestra". Anaya detalló un presunto esquema donde buques con 50 millones de litros de combustible evaden el IEPS, generando un fraude de 350 millones de pesos por barco. Como solución, propuso bajar el precio de la gasolina a 10 pesos por litro para eliminar el incentivo económico del contrabando. La contundencia de la Segob y la magnitud de las acusaciones han colocado este caso en el centro de la agenda de seguridad y anticorrupción del país.