Entre los cambios más relevantes, se precisó el concepto de "interés legítimo" para facilitar la defensa de derechos colectivos, se ampliaron plazos procesales como el término para dictar sentencia en amparo indirecto de 60 a 90 días, y se suprimieron límites a multas para autoridades que incumplan sentencias.

A pesar de estos ajustes, la oposición mantiene una postura crítica.

El dirigente del PRI, Alejandro Moreno, calificó la reforma como "un golpe directo a los derechos y a las libertades" y un "retroceso histórico", asegurando que Morena la aprobará "al vapor, sin debate". La presidenta del PRI en el Estado de México, Cristina Ruiz Sandoval, advirtió que la modificación es parte de una estrategia para "instaurar un régimen autoritario" y dejaría a los ciudadanos en estado de vulnerabilidad. Por su parte, el senador Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, reconoció que la ley actual está llena de "tecnicismos y no es accesible", y prometió un dictamen robusto tras escuchar las propuestas. La votación en comisiones y en el pleno está programada para esta misma semana, lo que ha sido calificado por la oposición como un "madruguete".