El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha redefinido drásticamente la estrategia de su país contra el narcotráfico, al notificar al Congreso que considera a Estados Unidos en un "conflicto armado no internacional" con los cárteles de la droga. Esta declaración busca otorgar al ejecutivo poderes extraordinarios de guerra para ejecutar operaciones letales sin los límites tradicionales de la aplicación de la ley. En una notificación confidencial enviada a varios comités del Congreso, la administración Trump argumentó que ha llegado a un "punto crítico" en el que debe usar la fuerza militar en "defensa propia y de terceros". Al designar a los cárteles como organizaciones terroristas y a sus miembros como "combatientes ilegales", el presidente busca ampararse en el marco legal surgido tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, originalmente diseñado para combatir a Al Qaeda.
Esta medida le permitiría legalmente "atacar y matar a narcos" sin que se consideren asesinatos, detenerlos indefinidamente sin juicio y procesarlos en tribunales militares.
La justificación se extiende a recientes ataques letales contra embarcaciones en el Caribe, una de las cuales, según la Casa Blanca, estaba tripulada por miembros del Tren de Aragua de Venezuela. Expertos en derecho de guerra, como Brian Finucane del International Crisis Group, han calificado la medida como un "abuso" que traspasa una importante frontera jurídica. Finucane afirmó: "Trump se está adueñando de una licencia para matar, basándose sólo en su propia opinión". La decisión ha generado una fuerte reacción en el Congreso, donde el senador demócrata Jack Reed acusó a Trump de librar "guerras secretas contra cualquiera a quien él considere un enemigo" sin ofrecer una "justificación jurídica creíble". Esta nueva política de "balazos (no abrazos)" representa una escalada significativa que podría tener profundas implicaciones para la soberanía de México y otros países de la región.
En resumenLa declaración de Donald Trump de un "conflicto armado" contra los cárteles de la droga representa un cambio radical en la política de seguridad de EE. UU., otorgándole poderes de guerra para operaciones letales. Esta medida, criticada por expertos como un abuso legal, redefine a los narcotraficantes como "combatientes ilegales" y sienta las bases para una estrategia militarizada que podría impactar severamente las relaciones con México y la soberanía regional.