Diputados federales del PRI, como Emilio Suárez Licona y Samuel Palma, denunciaron que Moreno es víctima de "señalamientos infundados en clara persecución política desde el poder". Suárez Licona reveló que la propia gobernadora de Campeche, Layda Sansores, admitió no contar con elementos para aplicar la extinción de dominio, por lo que optó por la expropiación, una acción que calificaron de ilegal. "El gobierno de Morena busca perjudicar a un dirigente nacional que ha alzado la voz para que se aclaren los vínculos de varios de sus integrantes con el crimen organizado", denunció el diputado. Samuel Palma fue más allá, afirmando que cuando "se avasalla a opositores de forma arbitraria y abusiva, lo que se está mandando es un mensaje de intolerancia... Estamos peligrosamente ya en el ejercicio de una dictadura". La presidenta Sheinbaum inicialmente declaró que "lo que entiendo es que son propiedades adquiridas con lavado de dinero, con la corrupción", pero al día siguiente, ante el anuncio de Moreno de que la denunciaría, se retractó diciendo: "¡Parece qué!...

adquirió estas propiedades con recursos ilícitos".

Por su parte, Layda Sansores confesó en una entrevista que no tienen pruebas del lavado de dinero, razón por la cual modificaron la Ley de Expropiación. Este reconocimiento fue utilizado por Moreno para afirmar que "la gobernadora se desmiente a sí misma y evidencia la persecución política". La oposición, incluyendo MC, PRI y PAN, ha presentado una Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte contra la nueva ley campechana.