Mariano Jáquez Gandarilla, dirigente del Distrito de Riego 005 en Chihuahua, calificó la declaración presidencial como una "especulación" y advirtió que no descartan conformar un "frente común" para impedir la liberación de agua, temiendo que se repita el conflicto de hace cinco años. Jáquez Gandarilla señaló que la medida podría estar motivada por la presión social en Monterrey y exigencias de Nuevo León para que se abran las presas chihuahuenses. Del mismo modo, productores de la frontera de Tamaulipas, representados por Marco Antonio Garza, desconocieron el acuerdo. Garza afirmó que su sector ya cumplió con un compromiso previo de entregar 100 millones de metros cúbicos y exigió que cualquier pago adicional se realice con agua de los afluentes aforados en el tratado, excluyendo presas como El Cuchillo y Marte R. Gómez. "Que van a sacar el agua de donde sea es una vil mentira", fustigó. Por su parte, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, aunque se mostró dispuesta a colaborar con el gobierno federal, remarcó que "el agua es de los chihuahuenses" y que la apertura de presas es una negociación, no una imposición. Mario Mata Carrasco, director de la Junta Central de Agua y Saneamiento de Chihuahua, dijo desconocer en qué se basó la presidenta para sus aseveraciones, mientras el exgobernador Patricio Martínez señaló que existe una interpretación errónea del tratado, afirmando que "no hay deuda de México, hay déficit".