Esta resolución judicial protege al exmandatario y mandata a la autoridad federal a proceder con la liberación de la propiedad, que había sido asegurada previamente. Acompañado por sus abogados Héctor Villasana Rosales e Irving Anchondo, se espera que durante la diligencia Duarte solicite formalmente la liberación de otros bienes asegurados en Chihuahua como parte de los procesos iniciados en su contra entre 2016 y 2020. El Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua informó que el traslado se realiza bajo un procedimiento "estrictamente legal y controlado", con Duarte portando en todo momento su brazalete electrónico de localización y bajo custodia de agentes de la Fiscalía de Chihuahua para garantizar su seguridad y retorno.

La defensa del exgobernador ha sostenido que las medidas cautelares impuestas han sido excesivas y que esta resolución judicial reconoce irregularidades que justifican el levantamiento del aseguramiento.

Este desarrollo representa un avance notable para Duarte en su prolongada batalla legal, demostrando su capacidad para obtener fallos favorables que revierten algunas de las acciones emprendidas en su contra por la fiscalía.