Escándalo de "huachicol fiscal" revela daño al erario por 600 mil mdp y presunta implicación de funcionarios
El contrabando de combustibles, conocido como "huachicol fiscal", ha generado un daño al erario estimado en 600 mil millones de pesos, en un esquema de corrupción que involucra a complejas redes criminales y la presunta complicidad de funcionarios públicos. Ante la magnitud del fraude, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado una nueva estrategia para combatirlo, centrada en la trazabilidad de los hidrocarburos mediante tecnología QR. La procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano, informó que, aunque el daño total es masivo, hasta ahora solo se han presentado 102 denuncias penales ante la FGR por un monto de 16 mil millones de pesos. Galeano describió la persecución de este delito como una "ardua tarea" que conlleva "riesgos, complicaciones y desafíos para la inteligencia financiera", ya que implica enfrentar a "organizaciones criminales muy complejas" que cuentan con amplios esquemas de defensa legal. La presidenta Sheinbaum reveló que, a diferencia del sexenio anterior, centrado en el robo de ductos, su administración detectó un esquema de contrabando a través de importaciones irregulares y permisos temporales. Como respuesta, a partir del 15 de octubre, será obligatorio que todos los transportes de combustibles porten un código QR visible. Este código permitirá a la Guardia Nacional verificar en tiempo real la legalidad de la carga; si el código es falso, el vehículo será detenido y puesto a disposición de la FGR. La oposición ha criticado la respuesta del gobierno, calificando el escándalo como "el robo del siglo". El diputado del PAN, Héctor Saúl Téllez, señaló que los 16 mil millones de pesos de las querellas representan apenas el 2.7% del daño total estimado, mientras que Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, afirmó que se trata de "crimen organizado donde están coludidos funcionarios del SAT, de Aduanas, de Puertos, de Pemex y de la Marina".



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