La reforma a la Ley de Amparo, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha generado una significativa controversia legislativa y política. La polémica se centra en la adición de un artículo transitorio por parte del Senado que permitiría su aplicación retroactiva, contraviniendo principios constitucionales. El conflicto se originó cuando el Senado, bajo la coordinación de Adán Augusto López, aprobó la reforma con una reserva de última hora del senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Dicha reserva establece que los juicios de amparo en trámite se resolverían conforme a las nuevas disposiciones, lo que viola el Artículo 14 de la Constitución, que prohíbe la aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de persona alguna. La maniobra fue interpretada como un desafío al proyecto original de la Presidencia y un intento de los aliados del expresidente Andrés Manuel López Obrador por imponer su agenda. La reacción de la presidenta Sheinbaum fue inmediata y pública, exhortando a la Cámara de Diputados a corregir el texto.
Este llamado fue secundado por el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, quien aseguró que se respetarán los principios constitucionales.
La oposición, liderada por el PAN y el PRI, también condenó el transitorio, calificándolo como un “retroceso” y una “aberración jurídica”. El coordinador del PRI, Rubén Moreira, sostuvo que el partido tricolor votará “en contra de la minuta y de cualquier intento de darle retroactividad a miles de juicios de amparo en trámite”. Este episodio es visto por analistas como el primer gran enfrentamiento entre el poder de la presidenta Sheinbaum y la influencia del grupo leal a su antecesor, poniendo a prueba su capacidad para alinear a las bancadas de su partido con su agenda de gobierno y respeto a la legalidad.
En resumenEl episodio de la reforma a la Ley de Amparo ha expuesto una importante pugna de poder dentro de Morena. La intervención de la presidenta Sheinbaum para corregir la cláusula de retroactividad y la respuesta de la Cámara de Diputados serán determinantes para medir su influencia sobre el Poder Legislativo y la dirección que tomará su administración frente a las inercias del sexenio anterior.