Además, se le otorgan capacidades para ejercer control naval del tráfico marítimo y actuar como guardia costera, con autoridad para realizar abordajes e inspecciones de embarcaciones para combatir delitos como contrabando, piratería y tráfico de drogas y personas.

La iniciativa también redefine la estructura de mando, manteniendo al presidente como Mando Supremo, y establece que la salida de unidades operativas requerirá autorización del Senado. Notablemente, el proyecto elimina del artículo 2 el párrafo que ordenaba a la Armada “cooperar en el mantenimiento del orden constitucional del Estado mexicano, con estricto respeto y protección de los derechos humanos”, un cambio que ha generado preocupación. La propuesta, que será analizada por los diputados, representa una actualización integral de las funciones de la institución naval, reforzando su papel en el combate a la delincuencia y la protección de la soberanía en el mar, el aire y el ciberespacio.