La reforma también crea un Consejo Aduanero para autorizar o rechazar patentes y amplía las facultades de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) para fiscalizar y vigilar operaciones. La oposición, conformada por PAN, PRI y MC, criticó duramente la reforma. El diputado panista Federico Döring la calificó como una “faramalla propagandística”, argumentando que el 99% de la corrupción y el “huachicol fiscal” no recae en los agentes aduanales, sino en funcionarios y personal de la Marina. Sostienen que la reforma impone una carga desproporcionada sobre los agentes y podría ralentizar el comercio exterior, sin atacar la corrupción dentro del gobierno. Por su parte, Morena y sus aliados defendieron la reforma como una medida necesaria para poner orden y acabar con “el añejo problema de corrupción” en las aduanas.
Avanza en comisiones reforma a la Ley Aduanera para combatir el 'huachicol fiscal'
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados ha aprobado la iniciativa de reforma a la Ley Aduanera, propuesta por la presidenta Sheinbaum. La reforma busca endurecer los controles fiscales y operativos en las aduanas para combatir la corrupción, el contrabando de combustibles y la evasión fiscal. Con 31 votos a favor del bloque oficialista y 12 en contra de la oposición, el dictamen fue aprobado con modificaciones a la propuesta original. Uno de los cambios más significativos es el fin de las patentes vitalicias para los agentes aduanales; en su lugar, tendrán una vigencia de 20 años, prorrogable por un periodo igual, sumando hasta 40 años, a diferencia de los 10 años propuestos inicialmente por la presidenta. Además, los agentes estarán obligados a certificarse cada tres años.



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TORREÓN, COAH.- El diputado federal Marcelo Torres Cofiño expuso la gravedad del fenómeno de la extorsión en México y las carencias críticas de la nueva ley aprobada por el gobierno federal, la cual —señaló— evita enfrentar la colusión, la inflación criminal y el impacto económico real que sufren millones de familias y negocios.Advirtió el legislador que la nueva Ley General contra la Extorsión “nace incompleta y evita enfrentar la realidad más dolorosa: la colusión del gobierno federal con el crimen organizado, por acción o por omisión”.TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Arrastra Congreso pendientes para tipificar tipos de violencia contra mujeresSeñaló que, aunque se aumentaron penas y se agregaron definiciones, la ley no aborda lo que realmente está destruyendo la economía de las familias: “La extorsión ya es un impuesto criminal. El crimen fija precios, cobra piso y controla rutas, mientras el gobierno federal se hace de la vista gorda”, apuntó.El legislador también detalló una propuesta complementaria que contempla:• Reconocer hasta 52 semanas de cotización en IMSS cuando una persona suspenda su empleo para cuidados familiares graves, y hasta 12 meses en ISSSTE por la misma causa.• Incluir en la LFT la posibilidad de suspender temporalmente la relación laboral sin pérdida de antigüedad ni derechos, con un dictamen médico correspondiente.• Que el Estado cubra las cuotas durante ese periodo.Se busca, indicó, corregir una injusticia histórica, donde quien cuida a un familiar enfermo es castigado con la pérdida de derechos laborales y de seguridad social. Afirmó que la medida no implica un impacto presupuestal significativo.Marcelo Torres recalcó que cuidar no puede seguir siendo motivo de castigo laboral o previsional. “Si la familia es el corazón de México, la ley debe latir al mismo ritmo. Mi iniciativa reconoce que cuidar también es trabajar, también es aportar y también es construir país”, finalizó.





