Esta medida, justificada por “seguridad nacional”, afecta directamente a México como principal exportador y se suma a las preocupaciones por la próxima revisión del T-MEC en 2026.

El arancel, que entrará en vigor el 1 de noviembre, fue anunciado por Trump a través de su plataforma Truth Social y busca, según la Casa Blanca, respaldar a fabricantes estadounidenses. México es el principal exportador de estos vehículos a Estados Unidos, con un 94.8% de sus exportaciones dirigidas a ese mercado entre enero y agosto de 2025.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que buscará un acuerdo y no descartó una llamada con su homólogo estadounidense.

El gobierno mexicano ha argumentado que la medida es injustificada, ya que aproximadamente el 50% de los componentes de los camiones exportados son de origen estadounidense. La tensión se incrementa con el informe del Comité Independiente de Expertos Laborales sobre México (IMLEB) del Congreso de EE.UU., que, según el sindicato United Auto Workers (UAW), calificó al T-MEC como un “fracaso” por no haber logrado cerrar la brecha salarial entre trabajadores de ambos países. El UAW respaldó estas conclusiones y solicitó una “reforma completa de un sistema comercial roto” de cara a la revisión del tratado en 2026. El canciller Juan Ramón de la Fuente reconoció ante senadores que la renegociación “no será nada fácil”, anticipando un escenario complejo para la diplomacia económica mexicana.