Congreso en Disputa por Retroactividad en la Ley de Amparo
Una contenciosa reforma a la Ley de Amparo ha generado un enfrentamiento entre la Cámara de Diputados y el Senado, centrado en una cláusula de retroactividad que amenaza con alterar el equilibrio de poderes y la seguridad jurídica en el país. La controversia ha expuesto divisiones dentro del partido gobernante, Morena, y ha movilizado a la oposición y al sector privado en defensa del marco legal vigente. La polémica se desató cuando el Senado, en una maniobra de último momento atribuida por algunos al senador Manuel Huerta, aprobó un artículo transitorio que permitía la aplicación retroactiva de la nueva ley a juicios en curso. Esta adición, que no formaba parte de la iniciativa original de la presidenta Claudia Sheinbaum, fue inmediatamente calificada como inconstitucional por juristas y grupos empresariales como la Coparmex, quienes advirtieron que dejaría a ciudadanos y empresas en estado de indefensión, especialmente en materia fiscal. La presidenta Sheinbaum se distanció de la modificación, calificando la redacción de "confusa" y solicitando una corrección. En respuesta, la Cámara de Diputados, bajo el liderazgo del coordinador de Morena, Ricardo Monreal, anunció que eliminaría el transitorio, corrigiendo así la plana al Senado y regresando al espíritu de la propuesta presidencial. El presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno, describió la adición del Senado como una "ocurrencia muy ocurrente". Este episodio no solo evidencia una pugna de poder entre las cámaras y dentro de Morena, sino que también subraya el debate de fondo sobre el alcance del juicio de amparo como contrapeso a los actos de autoridad, en un contexto donde la reforma busca limitar las suspensiones provisionales, una herramienta clave para la defensa ciudadana.



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TORREÓN, COAH.- El diputado federal Marcelo Torres Cofiño expuso la gravedad del fenómeno de la extorsión en México y las carencias críticas de la nueva ley aprobada por el gobierno federal, la cual —señaló— evita enfrentar la colusión, la inflación criminal y el impacto económico real que sufren millones de familias y negocios.Advirtió el legislador que la nueva Ley General contra la Extorsión “nace incompleta y evita enfrentar la realidad más dolorosa: la colusión del gobierno federal con el crimen organizado, por acción o por omisión”.TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Arrastra Congreso pendientes para tipificar tipos de violencia contra mujeresSeñaló que, aunque se aumentaron penas y se agregaron definiciones, la ley no aborda lo que realmente está destruyendo la economía de las familias: “La extorsión ya es un impuesto criminal. El crimen fija precios, cobra piso y controla rutas, mientras el gobierno federal se hace de la vista gorda”, apuntó.El legislador también detalló una propuesta complementaria que contempla:• Reconocer hasta 52 semanas de cotización en IMSS cuando una persona suspenda su empleo para cuidados familiares graves, y hasta 12 meses en ISSSTE por la misma causa.• Incluir en la LFT la posibilidad de suspender temporalmente la relación laboral sin pérdida de antigüedad ni derechos, con un dictamen médico correspondiente.• Que el Estado cubra las cuotas durante ese periodo.Se busca, indicó, corregir una injusticia histórica, donde quien cuida a un familiar enfermo es castigado con la pérdida de derechos laborales y de seguridad social. Afirmó que la medida no implica un impacto presupuestal significativo.Marcelo Torres recalcó que cuidar no puede seguir siendo motivo de castigo laboral o previsional. “Si la familia es el corazón de México, la ley debe latir al mismo ritmo. Mi iniciativa reconoce que cuidar también es trabajar, también es aportar y también es construir país”, finalizó.





