Chihuahua Prohíbe el Lenguaje Inclusivo en Escuelas y Genera Debate Nacional
El Congreso de Chihuahua, con mayoría del Partido Acción Nacional (PAN), aprobó una reforma a la Ley Estatal de Educación para prohibir el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas de nivel básico, convirtiéndose en el primer estado del país en adoptar una medida de este tipo. La decisión ha generado una confrontación directa con el gobierno federal y ha reavivado el debate sobre la libertad de expresión, la inclusión y el papel del idioma en la sociedad. La iniciativa, impulsada por el diputado panista Carlos Olson San Vicente, modifica el artículo 8° de la ley para "fomentar el uso correcto de las reglas gramaticales y ortográficas del idioma español". Olson celebró la aprobación como un "triunfo del sentido común sobre la ideología", argumentando que busca proteger la claridad del lenguaje y evitar "confusiones woke" en las aulas, afirmando que solo existe "la verdad biológica de que existen niños y niñas, no 'niñes'". La bancada de Morena votó en contra, y la diputada Jael Argüelles calificó la reforma como un "retroceso en derechos" que busca "invisibilizar la lucha de las mujeres, de las infancias, de los pueblos originarios y del colectivo LGBTTTIQ+". La controversia escaló al ámbito nacional cuando la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su rechazo a la medida en su conferencia matutina, declarando de manera concisa: "No estamos de acuerdo". Este enfrentamiento evidencia una clara división ideológica entre el gobierno estatal del PAN, que defiende una postura normativa del lenguaje, y la administración federal de Morena, que se alinea con una visión más progresista y de reconocimiento de la diversidad.



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TORREÓN, COAH.- El diputado federal Marcelo Torres Cofiño expuso la gravedad del fenómeno de la extorsión en México y las carencias críticas de la nueva ley aprobada por el gobierno federal, la cual —señaló— evita enfrentar la colusión, la inflación criminal y el impacto económico real que sufren millones de familias y negocios.Advirtió el legislador que la nueva Ley General contra la Extorsión “nace incompleta y evita enfrentar la realidad más dolorosa: la colusión del gobierno federal con el crimen organizado, por acción o por omisión”.TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Arrastra Congreso pendientes para tipificar tipos de violencia contra mujeresSeñaló que, aunque se aumentaron penas y se agregaron definiciones, la ley no aborda lo que realmente está destruyendo la economía de las familias: “La extorsión ya es un impuesto criminal. El crimen fija precios, cobra piso y controla rutas, mientras el gobierno federal se hace de la vista gorda”, apuntó.El legislador también detalló una propuesta complementaria que contempla:• Reconocer hasta 52 semanas de cotización en IMSS cuando una persona suspenda su empleo para cuidados familiares graves, y hasta 12 meses en ISSSTE por la misma causa.• Incluir en la LFT la posibilidad de suspender temporalmente la relación laboral sin pérdida de antigüedad ni derechos, con un dictamen médico correspondiente.• Que el Estado cubra las cuotas durante ese periodo.Se busca, indicó, corregir una injusticia histórica, donde quien cuida a un familiar enfermo es castigado con la pérdida de derechos laborales y de seguridad social. Afirmó que la medida no implica un impacto presupuestal significativo.Marcelo Torres recalcó que cuidar no puede seguir siendo motivo de castigo laboral o previsional. “Si la familia es el corazón de México, la ley debe latir al mismo ritmo. Mi iniciativa reconoce que cuidar también es trabajar, también es aportar y también es construir país”, finalizó.





