Pues porque el exceso de consumo de bebidas azucaradas está demostrado científicamente que provoca daños a la salud". La visión gubernamental busca recaudar 41 mil millones de pesos y reducir el consumo en un 7%, evidenciando un profundo desacuerdo entre la política sanitaria del Estado y los intereses económicos del sector privado.
Gobierno y Sector Privado Chocan por Impuesto a Bebidas Azucaradas
La propuesta del gobierno federal para incrementar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las bebidas azucaradas ha provocado un fuerte enfrentamiento con el sector empresarial, que la califica como una medida puramente recaudatoria y perjudicial para la economía. La presidenta Claudia Sheinbaum defiende la iniciativa como una estrategia de salud pública, asegurando que los fondos se destinarán a combatir la diabetes y la hipertensión. Durante una mesa de trabajo en la Cámara de Diputados, líderes de cámaras empresariales como Concamin, Canaco y Coparmex argumentaron que el impuesto "no es saludable" y dañará a más de un millón de "tienditas en el país". Sostienen que el consumo de refrescos se ha mantenido estable en las últimas décadas mientras la obesidad ha crecido, lo que, a su juicio, demuestra que el gravamen no es una solución efectiva. Andrés Massieu, de la Asociación Mexicana de Bebidas, señaló que es "poco racional concentrar la carga fiscal en un producto que aporta alrededor del 5 por ciento de las calorías promedio". Por su parte, la presidenta Sheinbaum ha desestimado estas preocupaciones, afirmando que "no tiene sustento" el temor de que los pequeños negocios resulten dañados. En su conferencia matutina, comentó: "¿Por qué queremos que se consuma menos?



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TORREÓN, COAH.- El diputado federal Marcelo Torres Cofiño expuso la gravedad del fenómeno de la extorsión en México y las carencias críticas de la nueva ley aprobada por el gobierno federal, la cual —señaló— evita enfrentar la colusión, la inflación criminal y el impacto económico real que sufren millones de familias y negocios.Advirtió el legislador que la nueva Ley General contra la Extorsión “nace incompleta y evita enfrentar la realidad más dolorosa: la colusión del gobierno federal con el crimen organizado, por acción o por omisión”.TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Arrastra Congreso pendientes para tipificar tipos de violencia contra mujeresSeñaló que, aunque se aumentaron penas y se agregaron definiciones, la ley no aborda lo que realmente está destruyendo la economía de las familias: “La extorsión ya es un impuesto criminal. El crimen fija precios, cobra piso y controla rutas, mientras el gobierno federal se hace de la vista gorda”, apuntó.El legislador también detalló una propuesta complementaria que contempla:• Reconocer hasta 52 semanas de cotización en IMSS cuando una persona suspenda su empleo para cuidados familiares graves, y hasta 12 meses en ISSSTE por la misma causa.• Incluir en la LFT la posibilidad de suspender temporalmente la relación laboral sin pérdida de antigüedad ni derechos, con un dictamen médico correspondiente.• Que el Estado cubra las cuotas durante ese periodo.Se busca, indicó, corregir una injusticia histórica, donde quien cuida a un familiar enfermo es castigado con la pérdida de derechos laborales y de seguridad social. Afirmó que la medida no implica un impacto presupuestal significativo.Marcelo Torres recalcó que cuidar no puede seguir siendo motivo de castigo laboral o previsional. “Si la familia es el corazón de México, la ley debe latir al mismo ritmo. Mi iniciativa reconoce que cuidar también es trabajar, también es aportar y también es construir país”, finalizó.





