El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha intensificado las acciones contra el "huachicol fiscal", un esquema de contrabando de combustibles que, según estimaciones de la Procuraduría Fiscal, pudo haber causado un daño al erario de hasta 600 mil millones de pesos. Las investigaciones apuntan a una red de corrupción que involucra a altos mandos de la Secretaría de Marina, funcionarios de aduanas y políticos de administraciones pasadas, generando una crisis de credibilidad y un reacomodo de poder. La presidenta Sheinbaum anunció la creación de un grupo de trabajo interinstitucional para unificar bases de datos y determinar el alcance real del fraude. "Estamos juntando todas las bases de datos para tener una sola fuente de información", explicó.
Mientras tanto, las acusaciones han comenzado a señalar a figuras políticas específicas.
El diputado de Morena, Fernando Alferez Barbosa, afirmó que la investigación en Aguascalientes "debe empezar con Martín Orozco", exgobernador panista, a quien acusó de aparecer "de la noche a la mañana como gasolinero". En respuesta, la diputada panista Alma Hilda Medina exigió pruebas concretas: "el que denuncia está obligado a comprobar". Un informe de inteligencia gubernamental, citado en un artículo, sugiere que el esquema nació en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador como consecuencia del desabasto de 2018. Además, se menciona que el exprocurador del consumidor, Ricardo Sheffield, es un factor clave, pues presuntamente extorsionaba a gasolineros para que vendieran combustible ilegal. La nueva Ley Aduanera y una política de trazabilidad son las herramientas con las que el gobierno actual busca cerrar el paso a este saqueo, en un esfuerzo por desmantelar una red que operó con protección al más alto nivel.
En resumenEl gobierno federal ha puesto en marcha una investigación a gran escala sobre el "huachicol fiscal", un fraude millonario de contrabando de combustibles. Las acusaciones involucran a exfuncionarios de alto nivel, incluyendo exgobernadores, y han generado un conflicto político mientras la administración actual busca desmantelar la red de corrupción con nuevas leyes y mayor vigilancia.