Adán Augusto López, en el Centro de Acusaciones por Corrupción y Vínculos Criminales
El senador y exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, se encuentra en el epicentro de una tormenta política debido a graves acusaciones que lo vinculan con el grupo criminal "La Barredora" y una red de corrupción durante su mandato como gobernador de Tabasco. Estas denuncias han generado una crisis de credibilidad para una de las figuras más prominentes de Morena y han puesto a prueba la postura anticorrupción del gobierno federal. Las investigaciones señalan a Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco nombrado por López Hernández, como el presunto líder de "La Barredora", una organización dedicada al secuestro, extorsión y robo de combustible. Documentos de inteligencia militar sugieren que este grupo extendió su influencia a Chiapas durante el gobierno de Rutilio Escandón, cuñado de Adán Augusto. A pesar de que un juez concedió una suspensión definitiva a Bermúdez Requena contra una orden de aprehensión federal, este permanecerá en prisión por delitos del fuero común. Adicionalmente, el senador ha sido cuestionado por haber recibido 79 millones de pesos en los últimos 24 meses por conceptos de asesorías y negocios privados, ingresos que no habrían sido declarados adecuadamente. Aunque López Hernández ha negado cualquier vínculo con actividades ilícitas, la presidenta Claudia Sheinbaum ha buscado distanciarse de las disputas internas de su partido. La situación del senador, a quien el expresidente López Obrador ha llamado "mi hermano", representa un desafío significativo para la narrativa de la Cuarta Transformación y la cohesión dentro de su liderazgo.



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TORREÓN, COAH.- El diputado federal Marcelo Torres Cofiño expuso la gravedad del fenómeno de la extorsión en México y las carencias críticas de la nueva ley aprobada por el gobierno federal, la cual —señaló— evita enfrentar la colusión, la inflación criminal y el impacto económico real que sufren millones de familias y negocios.Advirtió el legislador que la nueva Ley General contra la Extorsión “nace incompleta y evita enfrentar la realidad más dolorosa: la colusión del gobierno federal con el crimen organizado, por acción o por omisión”.TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Arrastra Congreso pendientes para tipificar tipos de violencia contra mujeresSeñaló que, aunque se aumentaron penas y se agregaron definiciones, la ley no aborda lo que realmente está destruyendo la economía de las familias: “La extorsión ya es un impuesto criminal. El crimen fija precios, cobra piso y controla rutas, mientras el gobierno federal se hace de la vista gorda”, apuntó.El legislador también detalló una propuesta complementaria que contempla:• Reconocer hasta 52 semanas de cotización en IMSS cuando una persona suspenda su empleo para cuidados familiares graves, y hasta 12 meses en ISSSTE por la misma causa.• Incluir en la LFT la posibilidad de suspender temporalmente la relación laboral sin pérdida de antigüedad ni derechos, con un dictamen médico correspondiente.• Que el Estado cubra las cuotas durante ese periodo.Se busca, indicó, corregir una injusticia histórica, donde quien cuida a un familiar enfermo es castigado con la pérdida de derechos laborales y de seguridad social. Afirmó que la medida no implica un impacto presupuestal significativo.Marcelo Torres recalcó que cuidar no puede seguir siendo motivo de castigo laboral o previsional. “Si la familia es el corazón de México, la ley debe latir al mismo ritmo. Mi iniciativa reconoce que cuidar también es trabajar, también es aportar y también es construir país”, finalizó.





