La presidenta Sheinbaum ha defendido la iniciativa, calificando como “absolutamente falso” que se restrinjan derechos y asegurando que el objetivo es agilizar la justicia y evitar que el amparo se use como táctica dilatoria, especialmente en juicios fiscales que pueden prolongarse por años. Por su parte, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, llamó a enfocarse en los beneficios como la digitalización y la reducción de tiempos. No obstante, la oposición y organizaciones como la Barra Mexicana de Abogados sostienen que los cambios son regresivos y podrían dar “carta abierta a la autoridad”, particularmente al prohibir medidas cautelares contra el congelamiento de cuentas por parte de la UIF. El proceso legislativo ha sido tenso, con acusaciones de un “albazo” por parte de Morena, aunque el partido oficialista ha accedido a modificar el polémico artículo transitorio sobre la retroactividad que fue aprobado en el Senado.
Reforma a la Ley de Amparo: ¿Fortalecimiento de la Justicia o Desprotección Ciudadana?
La propuesta de reforma a la Ley de Amparo, impulsada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha generado un intenso debate en el Congreso y entre la comunidad jurídica. Expertos y legisladores de oposición advierten que las modificaciones podrían debilitar un mecanismo crucial para la defensa de los derechos ciudadanos frente a los actos de autoridad. El núcleo de la controversia reside en la percepción de que la reforma limita el acceso y la eficacia del juicio de amparo. Durante las audiencias públicas en la Cámara de Diputados, juristas como el magistrado en retiro Juan Pablo Gómez Fierro afirmaron que si se debilita la figura de la suspensión, “estamos matando al juicio de amparo”, dejando a los ciudadanos “expuestos a actos arbitrarios de autoridad”. Las modificaciones propuestas introducen el concepto de “interés público” y amplían las causales de improcedencia, lo que, según especialistas, complica y vuelve más técnico el acceso a este recurso legal.



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