La presidenta Sheinbaum ha defendido la iniciativa, calificando como “absolutamente falso” que se restrinjan derechos y asegurando que el objetivo es agilizar la justicia y evitar que el amparo se use como táctica dilatoria, especialmente en juicios fiscales que pueden prolongarse por años. Por su parte, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, llamó a enfocarse en los beneficios como la digitalización y la reducción de tiempos. No obstante, la oposición y organizaciones como la Barra Mexicana de Abogados sostienen que los cambios son regresivos y podrían dar “carta abierta a la autoridad”, particularmente al prohibir medidas cautelares contra el congelamiento de cuentas por parte de la UIF. El proceso legislativo ha sido tenso, con acusaciones de un “albazo” por parte de Morena, aunque el partido oficialista ha accedido a modificar el polémico artículo transitorio sobre la retroactividad que fue aprobado en el Senado.
Reforma a la Ley de Amparo: ¿Fortalecimiento de la Justicia o Desprotección Ciudadana?
La propuesta de reforma a la Ley de Amparo, impulsada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha generado un intenso debate en el Congreso y entre la comunidad jurídica. Expertos y legisladores de oposición advierten que las modificaciones podrían debilitar un mecanismo crucial para la defensa de los derechos ciudadanos frente a los actos de autoridad. El núcleo de la controversia reside en la percepción de que la reforma limita el acceso y la eficacia del juicio de amparo. Durante las audiencias públicas en la Cámara de Diputados, juristas como el magistrado en retiro Juan Pablo Gómez Fierro afirmaron que si se debilita la figura de la suspensión, “estamos matando al juicio de amparo”, dejando a los ciudadanos “expuestos a actos arbitrarios de autoridad”. Las modificaciones propuestas introducen el concepto de “interés público” y amplían las causales de improcedencia, lo que, según especialistas, complica y vuelve más técnico el acceso a este recurso legal.



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TORREÓN, COAH.- El diputado federal Marcelo Torres Cofiño expuso la gravedad del fenómeno de la extorsión en México y las carencias críticas de la nueva ley aprobada por el gobierno federal, la cual —señaló— evita enfrentar la colusión, la inflación criminal y el impacto económico real que sufren millones de familias y negocios.Advirtió el legislador que la nueva Ley General contra la Extorsión “nace incompleta y evita enfrentar la realidad más dolorosa: la colusión del gobierno federal con el crimen organizado, por acción o por omisión”.TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Arrastra Congreso pendientes para tipificar tipos de violencia contra mujeresSeñaló que, aunque se aumentaron penas y se agregaron definiciones, la ley no aborda lo que realmente está destruyendo la economía de las familias: “La extorsión ya es un impuesto criminal. El crimen fija precios, cobra piso y controla rutas, mientras el gobierno federal se hace de la vista gorda”, apuntó.El legislador también detalló una propuesta complementaria que contempla:• Reconocer hasta 52 semanas de cotización en IMSS cuando una persona suspenda su empleo para cuidados familiares graves, y hasta 12 meses en ISSSTE por la misma causa.• Incluir en la LFT la posibilidad de suspender temporalmente la relación laboral sin pérdida de antigüedad ni derechos, con un dictamen médico correspondiente.• Que el Estado cubra las cuotas durante ese periodo.Se busca, indicó, corregir una injusticia histórica, donde quien cuida a un familiar enfermo es castigado con la pérdida de derechos laborales y de seguridad social. Afirmó que la medida no implica un impacto presupuestal significativo.Marcelo Torres recalcó que cuidar no puede seguir siendo motivo de castigo laboral o previsional. “Si la familia es el corazón de México, la ley debe latir al mismo ritmo. Mi iniciativa reconoce que cuidar también es trabajar, también es aportar y también es construir país”, finalizó.





