Este cambio, sumado a los recortes presupuestarios en instituciones clave como el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, genera una “profunda preocupación” sobre la capacidad de México para cumplir con los estándares del T-MEC. El senador panista Ricardo Anaya se hizo eco de estas advertencias, afirmando que “el costo lo van a pagar los trabajadores y las empresas mexicanas” y que “la voracidad autoritaria de Morena le está saliendo carísima a México”. Por su parte, el senador de Morena Waldo Fernández, presidente de la Comisión de Seguimiento al T-MEC, desestimó estas preocupaciones, calificándolas de “presiones naturales” en el contexto de la próxima revisión del tratado y aseguró que no hay fundamento para el temor, ya que el Poder Judicial es independiente de los temas laborales que se dirimen en el Ejecutivo. Sin embargo, la inquietud persiste, especialmente tras las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre la posibilidad de reemplazar el T-MEC con acuerdos bilaterales.
Reforma Judicial Pone en Riesgo el T-MEC, Advierten Expertos en EE.UU.
La reciente reforma al Poder Judicial en México, que introdujo la elección popular de jueces, ha encendido las alarmas en Estados Unidos por sus posibles repercusiones en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Expertos laborales del Congreso estadounidense y figuras de la oposición mexicana advierten que la llegada de jueces sin experiencia podría comprometer las obligaciones de México en materia laboral establecidas en el acuerdo comercial. La principal preocupación, expresada por la Junta Independiente de Expertos Laborales sobre México del Congreso de Estados Unidos (IMLEB), es que la mayoría de los jueces capacitados en la reforma laboral de 2019 no resultaron electos en los comicios de junio de 2025. De 68 jueces especializados que se postularon, solo nueve fueron elegidos, lo que representa apenas un 13%.



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Benito Jiménez Agencia Reforma CIUDAD DE MÉXICO.-La audiencia de imputación en el Penal del Altiplano, contra Jorge Armando «N», presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, destapó que el crimen organizado tenía un infiltrado en el círculo más cercano del Alcalde de Uruapan. Los datos expuestos por la Agencia de Investigación Criminal señalan que […]

CHIHUAHUA.- El alcalde Marco Bonilla se deslindó este domingo de la campaña observada durante el evento “Calcatón y Megacaravana”, donde decenas de participantes portaron el eslogan “Qué Bonilla es Chihuahua”. El edil señaló que, tras revisar notas y comentarios publicados en medios de comunicación, concluyó que la actividad correspondió a la promoción de una página […] La entrada También se deslinda Marco Bonilla de caravanas y calcatón a su nombre se publicó primero en Impacto Noticias.

TORREÓN, COAH.- El diputado federal Marcelo Torres Cofiño expuso la gravedad del fenómeno de la extorsión en México y las carencias críticas de la nueva ley aprobada por el gobierno federal, la cual —señaló— evita enfrentar la colusión, la inflación criminal y el impacto económico real que sufren millones de familias y negocios.Advirtió el legislador que la nueva Ley General contra la Extorsión “nace incompleta y evita enfrentar la realidad más dolorosa: la colusión del gobierno federal con el crimen organizado, por acción o por omisión”.TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Arrastra Congreso pendientes para tipificar tipos de violencia contra mujeresSeñaló que, aunque se aumentaron penas y se agregaron definiciones, la ley no aborda lo que realmente está destruyendo la economía de las familias: “La extorsión ya es un impuesto criminal. El crimen fija precios, cobra piso y controla rutas, mientras el gobierno federal se hace de la vista gorda”, apuntó.El legislador también detalló una propuesta complementaria que contempla:• Reconocer hasta 52 semanas de cotización en IMSS cuando una persona suspenda su empleo para cuidados familiares graves, y hasta 12 meses en ISSSTE por la misma causa.• Incluir en la LFT la posibilidad de suspender temporalmente la relación laboral sin pérdida de antigüedad ni derechos, con un dictamen médico correspondiente.• Que el Estado cubra las cuotas durante ese periodo.Se busca, indicó, corregir una injusticia histórica, donde quien cuida a un familiar enfermo es castigado con la pérdida de derechos laborales y de seguridad social. Afirmó que la medida no implica un impacto presupuestal significativo.Marcelo Torres recalcó que cuidar no puede seguir siendo motivo de castigo laboral o previsional. “Si la familia es el corazón de México, la ley debe latir al mismo ritmo. Mi iniciativa reconoce que cuidar también es trabajar, también es aportar y también es construir país”, finalizó.





