El Gobierno Federal Lanza Ofensiva Contra el “Huachicol Fiscal”
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha iniciado una estrategia coordinada para combatir el “huachicol fiscal”, un esquema de contrabando de combustibles que, según estimaciones, podría representar un desfalco millonario para el erario. La administración ha creado un grupo interinstitucional y anunció la implementación de un sistema de trazabilidad y 14 laboratorios móviles en aduanas para rastrear cada litro de combustible importado y vendido en el país. El vicealmirante Javier Torres Claudio, de la Secretaría de Marina (Semar), aseguró que esta forma de corrupción “nació en el sexenio anterior” y que las investigaciones se originaron dentro de la Marina desde 2019, al detectar robos en plataformas que apuntaban a complicidad interna en Pemex y empresas contratistas. La presidenta Sheinbaum, sin embargo, desmintió la cifra de 600 mil millones de pesos de daño al erario mencionada por la procuradora fiscal, Grisel Galeano, aclarando que “no hay un dato de Secretaría de Hacienda oficial” y que esa cifra provino de un diputado. Lo que sí confirmó el secretario de Hacienda, Edgar Amador, es que existen querellas presentadas ante la FGR por 16 mil millones de pesos. Para cerrar las puertas al contrabando, el gobierno implementará una base de datos única que integrará información de la SENER, Hacienda, SAT, Pemex y Aduanas, y exigirá un código QR para cada camión que transporte combustible. Fernando Angli, director de operaciones de la ANAM, anunció que los 14 nuevos laboratorios, siete en fronteras y siete en puertos, permitirán analizar los hidrocarburos de manera más ágil, evitando las demoras que facilitaban el fraude.



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TORREÓN, COAH.- El diputado federal Marcelo Torres Cofiño expuso la gravedad del fenómeno de la extorsión en México y las carencias críticas de la nueva ley aprobada por el gobierno federal, la cual —señaló— evita enfrentar la colusión, la inflación criminal y el impacto económico real que sufren millones de familias y negocios.Advirtió el legislador que la nueva Ley General contra la Extorsión “nace incompleta y evita enfrentar la realidad más dolorosa: la colusión del gobierno federal con el crimen organizado, por acción o por omisión”.TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Arrastra Congreso pendientes para tipificar tipos de violencia contra mujeresSeñaló que, aunque se aumentaron penas y se agregaron definiciones, la ley no aborda lo que realmente está destruyendo la economía de las familias: “La extorsión ya es un impuesto criminal. El crimen fija precios, cobra piso y controla rutas, mientras el gobierno federal se hace de la vista gorda”, apuntó.El legislador también detalló una propuesta complementaria que contempla:• Reconocer hasta 52 semanas de cotización en IMSS cuando una persona suspenda su empleo para cuidados familiares graves, y hasta 12 meses en ISSSTE por la misma causa.• Incluir en la LFT la posibilidad de suspender temporalmente la relación laboral sin pérdida de antigüedad ni derechos, con un dictamen médico correspondiente.• Que el Estado cubra las cuotas durante ese periodo.Se busca, indicó, corregir una injusticia histórica, donde quien cuida a un familiar enfermo es castigado con la pérdida de derechos laborales y de seguridad social. Afirmó que la medida no implica un impacto presupuestal significativo.Marcelo Torres recalcó que cuidar no puede seguir siendo motivo de castigo laboral o previsional. “Si la familia es el corazón de México, la ley debe latir al mismo ritmo. Mi iniciativa reconoce que cuidar también es trabajar, también es aportar y también es construir país”, finalizó.





