Se proponen penas de hasta diez años de prisión para quien traslade aguas nacionales con fines de lucro sin autorización y hasta nueve años para quien altere medidores.

Organizaciones como Agua para Todos y la Coordinadora Nacional Agua para Tod@s, Agua para la Vida han criticado la iniciativa, argumentando que “mantiene vigente una norma que es producto del neoliberalismo” y que no establece mecanismos regulatorios efectivos contra los grandes concesionarios, permitiendo la destrucción de fuentes acuíferas. A pesar de las críticas, la reforma avanza como una de las prioridades del gobierno para recuperar el control estatal sobre un recurso estratégico.