José Ramiro López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador y actual secretario de Gobierno de Tabasco, se encuentra en el centro de una controversia por la presunta adquisición de 13 ranchos. Según una investigación periodística, ocho de estas propiedades, que suman más de 2.7 millones de metros cuadrados, fueron compradas al contado y en efectivo durante el sexenio presidencial de su hermano. La investigación, difundida por el periodista Audelino Macario, detalla que “Pepín”, como es conocido en su estado, habría desembolsado más de nueve millones de pesos por las propiedades entre 2018 y 2024. Durante este lapso, su único empleo formal reportado fue el de subsecretario de Gobierno en Tabasco por un periodo de 22 meses. La declaración patrimonial del funcionario, presentada en 2025, confirma la posesión de los 13 ranchos.
El escándalo se intensifica al considerar que las compras se realizaron en efectivo, un método inusual para servidores públicos que levanta sospechas sobre el origen de los fondos. La primera adquisición data de 1992, pero la expansión de su patrimonio se aceleró a partir de 2018. En 2023, por ejemplo, adquirió su rancho más caro, valuado en tres millones de pesos.
Este caso se suma a otros señalamientos contra familiares del expresidente, como los viajes y compras de lujo de su hijo Andrés Manuel López Beltrán, erosionando la narrativa de austeridad y combate a la corrupción que ha sido una bandera de la Cuarta Transformación. La revelación pone en tela de juicio la congruencia entre el discurso político del movimiento y el comportamiento de sus figuras más cercanas, generando un debate sobre posible enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.
En resumenEl caso de los 13 ranchos de José Ramiro López Obrador representa un duro golpe a la imagen de austeridad de la Cuarta Transformación. La adquisición de múltiples propiedades en efectivo durante el mandato de su hermano genera serias dudas sobre la probidad y el origen de su patrimonio, alimentando la percepción de que los principios anticorrupción del movimiento no se aplican de manera uniforme, especialmente en el círculo cercano al poder.