Debate sobre el Fuero: Mayoría Ciudadana Apoya su Eliminación

La propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para eliminar el fuero de senadores y diputados ha encontrado un amplio respaldo ciudadano, según sondeos que reflejan un hartazgo generalizado con la impunidad política. La iniciativa, que busca que los legisladores puedan ser procesados penalmente como cualquier otro ciudadano, es vista como un paso necesario para combatir la corrupción. En su conferencia del 2 de octubre, la presidenta Sheinbaum cuestionó la existencia de esta protección: “La Presidenta no tiene fuero, ¿por qué tiene que haber fuero?”. Esta declaración, aunque imprecisa respecto al estatus presidencial —ya que el artículo 111 de la Constitución establece un procedimiento especial para procesar al titular del Ejecutivo, lo que constituye una forma de fuero—, resonó con la opinión pública. Un sondeo de La Jornada con 3,842 participantes mostró que una “abrumadora mayoría” apoya la abolición del fuero, al considerarlo un facilitador de la “impunidad, perpetuidad y tráfico de influencias”. Los participantes argumentan que los legisladores no deben ser superiores a la ley y que esta figura se ha utilizado como un escudo para evadir la justicia, citando casos como los de Ricardo Anaya y Alejandro Moreno.

La discusión sobre el fuero se enmarca en un contexto más amplio de reformas impulsadas por el oficialismo para reconfigurar el poder. Aunque la eliminación del fuero es popular, la medida también forma parte de una estrategia que, según críticos, busca concentrar el poder y debilitar los contrapesos institucionales, lo que genera un debate sobre si la medida realmente fortalecerá la justicia o simplemente eliminará una protección necesaria para el ejercicio legislativo libre de presiones políticas.

En resumen

La iniciativa para eliminar el fuero legislativo goza de un fuerte apoyo popular, que la ve como una herramienta clave contra la corrupción y los privilegios. Sin embargo, su implementación plantea un dilema sobre el equilibrio de poderes: si bien podría limitar la impunidad, también podría exponer a los legisladores a persecuciones políticas, alterando la dinámica de poder entre el Ejecutivo y el Legislativo.

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‘La nueva ley contra la extorsión nace incompleta y el gobierno es cómplice’: Marcelo Torres

TORREÓN, COAH.- El diputado federal Marcelo Torres Cofiño expuso la gravedad del fenómeno de la extorsión en México y las carencias críticas de la nueva ley aprobada por el gobierno federal, la cual —señaló— evita enfrentar la colusión, la inflación criminal y el impacto económico real que sufren millones de familias y negocios.Advirtió el legislador que la nueva Ley General contra la Extorsión “nace incompleta y evita enfrentar la realidad más dolorosa: la colusión del gobierno federal con el crimen organizado, por acción o por omisión”.TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Arrastra Congreso pendientes para tipificar tipos de violencia contra mujeresSeñaló que, aunque se aumentaron penas y se agregaron definiciones, la ley no aborda lo que realmente está destruyendo la economía de las familias: “La extorsión ya es un impuesto criminal. El crimen fija precios, cobra piso y controla rutas, mientras el gobierno federal se hace de la vista gorda”, apuntó.El legislador también detalló una propuesta complementaria que contempla:• Reconocer hasta 52 semanas de cotización en IMSS cuando una persona suspenda su empleo para cuidados familiares graves, y hasta 12 meses en ISSSTE por la misma causa.• Incluir en la LFT la posibilidad de suspender temporalmente la relación laboral sin pérdida de antigüedad ni derechos, con un dictamen médico correspondiente.• Que el Estado cubra las cuotas durante ese periodo.Se busca, indicó, corregir una injusticia histórica, donde quien cuida a un familiar enfermo es castigado con la pérdida de derechos laborales y de seguridad social. Afirmó que la medida no implica un impacto presupuestal significativo.Marcelo Torres recalcó que cuidar no puede seguir siendo motivo de castigo laboral o previsional. “Si la familia es el corazón de México, la ley debe latir al mismo ritmo. Mi iniciativa reconoce que cuidar también es trabajar, también es aportar y también es construir país”, finalizó.

Vanguardia

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