“Estamos procurando arreglar lo que no está roto”, sentenció.

La reforma también ha sido criticada por su potencial para desarmar a los ciudadanos frente al poder, al dificultar la suspensión de actos de autoridad. El gobierno defiende la medida argumentando que busca evitar que intereses particulares bloqueen proyectos de alcance nacional y combatir el abuso del amparo por parte de grandes deudores fiscales. Un episodio notable fue la inclusión de un artículo transitorio que permitía la retroactividad de la norma, propuesto en el Senado por el morenista Manuel Huerta. Esta disposición fue calificada de inconstitucional y, tras la sugerencia de Arturo Zaldívar, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aseguró que se corregiría, calificándola como una “ocurrencia”. A pesar de los foros y audiencias públicas, la oposición y especialistas consideran que el proceso ha sido un “fast track” y una simulación, debilitando uno de los principales contrapesos al poder en México.