Además, la reforma convierte las concesiones por herencia en permisos temporales, lo que genera incertidumbre. Por otro lado, la iniciativa es criticada por mantener un “sello neoliberal”, al permitir que Conagua (o la futura ANA) concesione a privados la construcción y operación de obras hidráulicas. La Coordinadora Nacional Agua para Todos, que agrupa a más de 80 organizaciones, denuncia que es una “simulación” que no corrige el sobreconcesionamiento ni reconoce los derechos de pueblos indígenas y pequeños agricultores. La propuesta también introduce un capítulo de “Delitos Hídricos” con penas de hasta 10 años de prisión por explotación y traslado ilegal de aguas, una medida que busca combatir el “huachicoleo del agua”.